Las cadenas mundiales de valor y sus consecuencias en las condiciones laborales de jornaleros migrantes

De Nahuel Oddone y Virginia Negro

 

Las cadenas mundiales de suministro son una forma de organización de las inversiones, nacionales y extranjeras, en la producción y el comercio en la economía globalizada. Según la Organización Mundial del Trabajo se entiende por «cadena mundial de suministro» toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicios (ILO, 2016[1]).

En países en desarrollo, si de un lado las cadenas mundiales han creado empleo y abierto nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social, también se observa que la dinámica de las relaciones de producción y de empleo a escala de la economía global puede incidir negativamente en las condiciones de trabajo.

En línea con la citada definición de la Organización Mundial del Trabajo, las cadenas mundiales de suministro incluyen las operaciones de inversión extranjera directa (IED) efectuadas por las empresas multinacionales, tanto en filiales que les pertenecen en su totalidad como en empresas mixtas en las que la multinacional tiene la responsabilidad directa de la relación de trabajo. Además, comprende el modelo cada vez más predominante de abastecimiento internacional en cuyo marco las obligaciones de las empresas principales se fijan en los acuerdos contractuales (o tácitos) que suscriben con los proveedores y con las empresas subcontratadas para el suministro de bienes, insumos y servicios específicos (Ibídem, 2016).

Una problemática que a menudo surge es que el ámbito de la legislación y de las jurisdicciones competentes está delimitado por las fronteras nacionales, por lo que el abastecimiento transfronterizo de bienes y servicios causa dificultades en lo que se refiere al cumplimiento de las normativas laborales en el lugar de trabajo, es decir, de origen del producto o de alguno de sus insumos. La creación y el funcionamiento de las estructuras reguladoras están a cargo de autoridades gubernamentales que a veces no disponen de conocimientos especializados o de los recursos necesarios para supervisar el cumplimiento de las normas en todos los lugares de trabajo. No todos los gobiernos han sido capaces de adaptarse a la rápida transformación resultante de la exposición de sus países al impacto de la economía mundializada, lo que ha generado carencias en materia de gobernanza.

La subcontratación de mano de obra, por medio de contratistas e intermediarios, se asemeja frecuentemente a la subcontratación de la producción. Aun cuando un comprador puede tener relaciones contractuales con aquellas empresas con las que el trabaja como proveedor (encadenamiento hacia adelante, o de nivel superior); este puede no tener relaciones formales contractuales con algunos de sus proveedores de nivel inferior (encadenamientos hacia atrás). Esta situación ha dado lugar a diferentes sistemas de intermediación para el reclutamiento y la contratación de mano de obra, que aseguran a los productores demandantes disponer de manera oportuna de trabajadores. Es por ello que estos sistemas se asocian con aquellos cultivos caracterizados por el uso intensivo de mano de obra, cuya demanda se concentra en periodos específicos del ciclo agrícola, generalmente, en la cosecha.

En México, tales cultivos han sido por tradición la caña de azúcar, el café, el algodón, el tabaco, así como algunas hortalizas y frutales (tomate, mango y plátano, por ejemplo). Además, el aumento de la demanda de trabajo en cultivos hortofrutícolas de exportación en las últimas décadas, también ha incrementado y multiplicado la presencia de agentes intermediarios en ese ámbito laboral. En cada cultivo, y región particular, el sistema de intermediación adopta características específicas, dependiendo de la magnitud de la demanda estacional, de las fuentes de suministro de mano de obra, del grado de tecnificación y división del trabajo en las labores agrícolas y del tipo de productor, entre otros factores. Existen diferentes clases de agentes intermediarios: agencias estatales, sindicatos, asociaciones de productores e intermediarios privados. Estos últimos, pueden subdividirse, grosso modo, en intermediarios tradicionales y modernas empresas contratistas. Los intermediarios tradicionales, conocidos con el nombre genérico de “enganchadores”, pueden operar de manera independiente, o bien, vincularse con otra clase de agentes intermediarios.

En la intermediación del cultivo de café en Chiapas, en la región del Soconusco, ha operado un sistema tradicional cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo pasado; se trata del enganche masivo de indígenas de los Altos de Chiapas para ser trasladados hasta las fincas cafetaleras. La operación de los intermediarios se concentra en los sectores de agricultura empresarial y, en escasa medida, entre los pequeños empresarios.

Los responsables de este sistema son conocidos como habilitadores, enganchadores o contratistas, y también han cumplido un papel fundamental en organizar y poner a disposición de los productores a miles de trabajadores guatemaltecos, quienes han constituido la principal fuente de abastecimiento de mano de obra temporal[2].

La vulnerabilidad económica, social y cultural de los migrantes indígenas permitió imponer malas condiciones de trabajo y bajas remuneraciones. La experiencia de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas AC, organización formada por migrantes indígenas y sus familias, nace justamente de la denuncia de un grupo de migrantes indígenas jornaleros que se enfrentaron a diferentes abusos, desde contratistas que llevaban los trabajadores al campo cobrándole una cuota para el transporte hasta sufrir amenazas por “revelarse”.

A menudo el intento de crear sindicatos se ha trasformado, desafortunadamente, en otro actor más en el proceso de reclutamiento, cobrando a los habilitadores o contratistas una “cuota sindical” por jornalero enganchado. Es necesario destacar como  el acceso al trabajo supone no sólo el ingreso al mercado laboral, sino, sobre todo, su permanencia en él. El alojamiento, el crédito y otros aspectos relativos a las necesidades de sobrevivencia de la persona trabajadora y su familia, son algunos de los elementos más comunes que se han convertido en medios complementarios y decisivos de control de la fuerza de trabajo. La vivienda y el transporte son, de los recursos más extendidos para condicionar la relación de los trabajadores con sus fuentes de empleo, mientras que el crédito cumple, en algunos casos, un papel tan prominente como el centenario sistema de trabajo comprometido por endeudamiento.

Las personas trabajadoras migrantes merecen condiciones laborales óptimas donde sus derechos humanos sean respetados. En este sentido, el Acuerdo de Marrakech, que tantas discusiones despertó el año pasado, propone una serie de medidas no vinculantes que tienen como objetivo reafirmar los derechos fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su condición, a la vez que se regula un fenómeno histórico que nunca podrá detenerse. El Pacto Mundial para la Migración reconoce la soberanía de los Estados, al mismo tiempo que señala el camino hacia acciones “humanas y sensatas” para beneficiar a los países de origen, tránsito y destino, así como a los propios migrantes. Ante dicha situación es urgente crear un sistema de verificación que respalde a los y las jornaleras y sus familias durante su permanencia como trabajadores “permanentemente” temporales. Es indispensable la creación de una legislación que regule este sistema, así como la creación de herramientas técnicas destinadas a informar reclutadores y reclutados (empleadores y empleados) que permita una contratación sostenible, digna y segura.

 

 


[1] ILO, 2016, El trabajo decente en las cadenas de suministro, enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_normrelconf/documents/meetingdocument/wcms_468096.pdf